Las operaciones de dos importantes plazas comerciales de capital chino permanecen suspendidas en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, luego de que el Ministerio de Trabajo ordenara su cierre consecutivo esta semana por incumplimientos relacionados con las normas de seguridad y salud ocupacional.
La intervención más reciente se produjo el miércoles 18 de noviembre en Plaza Rosa, ubicada en la avenida Antonio Guzmán Fernández, donde inspectores laborales colocaron los avisos oficiales de suspensión de labores. La medida fue ejecutada apenas 24 horas después de que las autoridades clausuraran el centro comercial One Mall, situado frente a la sede de la Dirección Regional Nordeste de la Policía Nacional.
De acuerdo con los informes oficiales, ambas clausuras se fundamentan en el artículo 436 del Código de Trabajo y el artículo 13 del Reglamento 522-06 sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, disposiciones que facultan a los inspectores laborales a detener inmediatamente las actividades de establecimientos donde existan riesgos que puedan comprometer la integridad física o la salud de los trabajadores.
Durante los operativos, varios empleados permanecieron en las afueras de los establecimientos a la espera de instrucciones sobre su situación laboral, mientras que los propietarios y administradores de ambos negocios evitaron ofrecer declaraciones a los medios de comunicación.
Hasta el momento, las autoridades no han especificado cuáles fueron las irregularidades detectadas en cada establecimiento ni han establecido una fecha para su reapertura. El levantamiento de las clausuras dependerá de que las empresas corrijan las deficiencias identificadas y cumplan con los protocolos de seguridad exigidos por la legislación dominicana.
Debate por la expansión del comercio chino
El cierre de One Mall y Plaza Rosa se produce en medio del crecimiento de las inversiones de origen chino en San Francisco de Macorís, donde durante los últimos años se han instalado al menos cinco grandes plazas comerciales de ese capital en diferentes sectores de la ciudad.
La expansión de estos establecimientos ha generado posiciones encontradas entre distintos sectores de la sociedad francomacorisana.
Por un lado, representantes del comercio tradicional han manifestado reiteradamente su oposición a la operación de estos negocios, alegando que existe una competencia desigual y reclamando una mayor fiscalización por parte de las autoridades para garantizar que todos los establecimientos comerciales cumplan las mismas obligaciones legales.
En contraste, otros sectores de la población y del ámbito económico valoran positivamente la llegada de estas inversiones, al considerar que contribuyen a dinamizar la economía local, generar empleos y ampliar la oferta comercial para los consumidores.
La suspensión de las operaciones de ambas plazas vuelve a colocar en el centro del debate la necesidad de fortalecer la supervisión de los establecimientos comerciales, independientemente de su origen o capital, garantizando el cumplimiento de las normas laborales y las condiciones de seguridad para sus trabajadores.



