Santiago de Chile. – El Gobierno de Chile rechazó las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Santiago, Brandon Judd, quien vinculó la cooperación estadounidense en materia de seguridad con una mayor colaboración del país sudamericano en asuntos considerados prioritarios por Washington, incluyendo aspectos relacionados con la protección del estrecho de Magallanes.
La controversia, surgida el miércoles 7 de octubre de 2026, provocó una reacción de las autoridades chilenas y de representantes de diferentes sectores políticos, quienes defendieron la soberanía nacional y cuestionaron cualquier insinuación de que el país necesitara respaldo extranjero para ejercer sus derechos sobre ese paso marítimo estratégico.
El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, rechazó los planteamientos del representante diplomático estadounidense y dejó abierta la posibilidad de presentar una protesta formal ante Washington, dependiendo del resultado de la evaluación que realice la Cancillería.
Las declaraciones que originaron el desacuerdo fueron pronunciadas durante el Día del Comercio Global, un encuentro organizado por la Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV), en el que participaron representantes vinculados con el comercio internacional y las relaciones económicas.
Durante su intervención, Judd abordó la cooperación bilateral para combatir el crimen organizado y expresó las preocupaciones de Estados Unidos por la creciente presencia de China en proyectos de infraestructura estratégica dentro de Chile.
El diplomático planteó que la asistencia estadounidense en determinadas áreas debía estar acompañada de reciprocidad por parte del Gobierno chileno, especialmente en temas que Washington considera relevantes para sus intereses regionales.
Entre los asuntos mencionados figuraron los recursos destinados a combatir organizaciones criminales y la cooperación relacionada con la protección de los derechos chilenos sobre el estrecho de Magallanes.
La referencia al paso marítimo provocó cuestionamientos inmediatos, debido a que fue interpretada por diferentes sectores como una posible condición política para recibir apoyo estadounidense.
El estrecho de Magallanes constituye una ruta marítima de importancia internacional, situada en el extremo sur del continente americano, que conecta los océanos Atlántico y Pacífico a través de territorio chileno.
Su ubicación lo convierte en un espacio relevante para la navegación comercial y para los intereses estratégicos de los países que participan en el transporte marítimo internacional.
Ante la controversia, el canciller Francisco Pérez Mackenna afirmó que Chile tiene plena capacidad para proteger su territorio y ejercer sus derechos soberanos sin depender de la asistencia de otra nación.
El funcionario recordó que el país ha mantenido históricamente su posición sobre el estrecho y sostuvo que no necesita autorización ni protección extranjera para defenderlo.
Asimismo, explicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores estaba examinando el alcance de las declaraciones del embajador estadounidense antes de determinar si correspondía presentar una nota de protesta diplomática.
Pérez Mackenna indicó que no descartaba ninguna alternativa, aunque precisó que la reacción oficial sería definida después de evaluar las palabras pronunciadas por Judd y las circunstancias en que fueron emitidas.
La respuesta del Gobierno chileno adquirió especial relevancia porque se produjo durante la administración del presidente José Antonio Kast, quien mantiene cercanía política con el mandatario estadounidense Donald Trump.
Pese a esa relación, las autoridades chilenas establecieron una posición de rechazo frente a cualquier interpretación que pudiera cuestionar la autonomía del país en asuntos territoriales.
La controversia también generó pronunciamientos en el Congreso Nacional.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, y el vicepresidente de ese organismo, Iván Moreira, difundieron una declaración conjunta en la que reafirmaron que Chile no requiere autorizaciones externas para ejercer sus derechos territoriales.
Ambos dirigentes respaldaron la posición de defensa de la soberanía nacional, destacando que las relaciones de cooperación entre países deben desarrollarse respetando la independencia de cada Estado.
Desde la oposición, los senadores Gastón Saavedra, del Partido Socialista, y Diego Ibáñez, del Frente Amplio, solicitaron una protesta diplomática formal contra las declaraciones del representante estadounidense.
Los legisladores consideraron necesario expresar institucionalmente el desacuerdo de Chile y evitar que los planteamientos del embajador pudieran interpretarse como una aceptación de condiciones externas sobre asuntos soberanos.
También se pronunció el senador por la Región de Magallanes, Karim Bianchi, quien cuestionó que un representante extranjero planteara la necesidad de respaldar la soberanía chilena sobre un territorio cuya pertenencia al país considera jurídicamente establecida.
Bianchi sostuvo que Chile no necesita una figura externa que asuma la defensa de sus intereses territoriales y manifestó su rechazo a cualquier intento de condicionar la cooperación internacional.
El parlamentario también destacó la importancia estratégica del estrecho de Magallanes, especialmente ante los cambios en las rutas comerciales y las dificultades que han afectado en distintos momentos el tránsito por el canal de Panamá.
A su juicio, la protección de los intereses chilenos en esa región también requiere inversiones en infraestructura portuaria, servicios públicos y desarrollo territorial.
Frente a las críticas, el embajador Brandon Judd difundió una declaración la noche del miércoles en la que aseguró que sus palabras habían sido interpretadas de manera incorrecta.
El diplomático calificó la controversia como un drama generado por una tergiversación de sus declaraciones y negó haber pretendido condicionar la soberanía de Chile.
Judd explicó que su intervención buscaba destacar la importancia de la colaboración bilateral y la necesidad de que ambos países trabajen conjuntamente en temas relacionados con la seguridad y la prosperidad.
Según su versión, las referencias al estrecho de Magallanes fueron utilizadas para expresar el compromiso estadounidense con la cooperación y no para cuestionar los derechos territoriales de Chile.
El representante de Washington también agradeció al ministro de Defensa chileno, Fernando Barros, y a otras personas que, según afirmó, comprendieron el contexto de sus declaraciones.
Sin embargo, sus aclaraciones no eliminaron las críticas formuladas por sectores políticos que interpretaron sus palabras como una presión para obtener mayor alineamiento de Santiago con las prioridades estadounidenses.
La discusión se desarrolla en un contexto de creciente competencia entre Estados Unidos y China por su influencia económica, tecnológica y estratégica en América Latina.
Washington ha expresado preocupación por la participación de empresas chinas en proyectos de infraestructura considerados sensibles, especialmente aquellos relacionados con telecomunicaciones, conectividad internacional y transporte.
En Chile, uno de los asuntos que ha generado atención es el proyecto de cable submarino Chile-China Express, iniciativa vinculada con la conectividad entre América del Sur y Asia.
Las preocupaciones estadounidenses sobre este tipo de infraestructura forman parte de un debate más amplio sobre seguridad tecnológica, relaciones comerciales y participación de empresas extranjeras en sectores estratégicos.
En ese escenario, las declaraciones de Judd fueron interpretadas como parte de los esfuerzos de Washington para promover una mayor cooperación política y de seguridad con los países latinoamericanos.
No obstante, la controversia sobre Magallanes se mantiene en el terreno diplomático. No existe evidencia de que Estados Unidos haya presentado una reclamación territorial sobre el estrecho ni de que haya anunciado acciones militares relacionadas con su soberanía.
El episodio ocurre, además, después de una controversia reciente entre Chile y Argentina por declaraciones de una autoridad militar argentina sobre las zonas marítimas del extremo sur.
A finales de agosto de 2026, el Gobierno chileno envió una nota de protesta a Buenos Aires luego de que el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, incluyera el estrecho de Magallanes en una referencia a espacios bajo soberanía argentina.
Las autoridades chilenas rechazaron esa interpretación y reiteraron que la situación jurídica del paso marítimo se encuentra establecida mediante acuerdos internacionales.
Entre los instrumentos que sustentan la posición chilena figuran el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984, suscritos entre Chile y Argentina.
El Gobierno de Kast reiteró en septiembre que Argentina no posee soberanía sobre el estrecho de Magallanes y que la controversia territorial había quedado jurídicamente resuelta.
Posteriormente, el 6 de octubre, la Cancillería chilena volvió a reafirmar esa posición, apenas un día antes de que el embajador estadounidense pronunciara las declaraciones que originaron la nueva polémica.
Este antecedente contribuyó a aumentar la sensibilidad política del asunto, debido a que el estrecho había sido objeto de pronunciamientos diplomáticos recientes.
La controversia con Judd tampoco constituye el primer episodio de desacuerdo relacionado con declaraciones del embajador estadounidense sobre asuntos internos de Chile.
Anteriormente, el diplomático fue citado por la Cancillería después de afirmar que Estados Unidos disponía de informes relacionados con supuestos vínculos de sectores de izquierda con las protestas sociales registradas en Chile durante 2019.
Aquellos comentarios generaron cuestionamientos de dirigentes opositores, quienes los interpretaron como una intervención en asuntos de política interna.
Posteriormente, Judd aclaró que los informes mencionados no correspondían a una investigación estadounidense realizada dentro del territorio chileno.
El nuevo desacuerdo se produce mientras Chile participa en iniciativas de cooperación regional en materia de seguridad, entre ellas el denominado Escudo de las Américas, promovido por la administración de Donald Trump.
La participación en estos mecanismos busca fortalecer la coordinación frente a amenazas transnacionales, aunque también ha generado discusiones internas sobre los compromisos políticos y estratégicos que pueden derivarse de este tipo de acuerdos.
En el caso del estrecho de Magallanes, las autoridades chilenas han insistido en diferenciar la cooperación internacional del ejercicio de la soberanía nacional.
La Cancillería sostiene que el país puede mantener relaciones de colaboración con Estados Unidos y otras naciones sin que ello implique aceptar condiciones externas sobre sus derechos territoriales.
Hasta la mañana de este jueves 8 de octubre, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile no había confirmado la presentación de una nueva nota de protesta contra el embajador Brandon Judd.
La decisión permanecía bajo evaluación, mientras representantes del oficialismo y la oposición continuaban expresando sus posiciones sobre el alcance de las declaraciones.
El episodio refleja las tensiones que pueden surgir entre países aliados cuando las prioridades de cooperación internacional se relacionan con asuntos considerados esenciales para la soberanía nacional.
Por el momento, el Gobierno chileno mantiene su rechazo a cualquier interpretación que condicione sus derechos sobre el estrecho de Magallanes, mientras el representante estadounidense insiste en que sus palabras fueron sacadas de contexto.
La evolución del desacuerdo dependerá de las decisiones que adopte la Cancillería chilena y de los eventuales intercambios diplomáticos entre Santiago y Washington, en un escenario marcado por la importancia estratégica del extremo sur de América y la competencia internacional por la influencia en la región.
