Ciudad de México.– Después de casi cuatro décadas con una legislación ambiental vigente desde 1988, el Gobierno de México presentó una propuesta para actualizar sus normas y responder a desafíos actuales como el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad.
La iniciativa busca sustituir el enfoque tradicional por un modelo que dé mayor importancia a la prevención, la restauración ecológica y la reparación de los daños ambientales. La propuesta también contempla una mayor participación de las comunidades y el reconocimiento de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas.
Entre las novedades se encuentran las evaluaciones ambientales estratégicas antes de ejecutar grandes proyectos, con el propósito de identificar posibles impactos y prevenir daños antes de que ocurran.
La reforma también plantea fortalecer la protección de ríos, especies y ecosistemas, mejorar el ordenamiento territorial, impulsar la economía circular y facilitar el acceso de la ciudadanía a la información y justicia ambiental.
Otro de los puntos destacados es la protección de los defensores ambientales, especialmente en un país donde quienes trabajan en la defensa del territorio y los recursos naturales han enfrentado importantes riesgos.
La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, sostuvo que el nuevo marco debe buscar un equilibrio entre crecimiento económico, bienestar social y protección de los recursos naturales.
La propuesta representa un intento de adaptar la legislación mexicana a las nuevas condiciones ambientales del planeta. Ahora deberá continuar su proceso correspondiente antes de convertirse en una nueva norma.
El debate plantea una cuestión fundamental: cómo impulsar el desarrollo económico sin comprometer los recursos naturales y la calidad de vida de las futuras generaciones.
