El merenguero urbano dominicano Antonio Peter de la Rosa, conocido artísticamente como Omega El Fuerte, presentó una querella penal con constitución en actor civil contra varios directivos de las empresas Allegro Music y Planet Records, a quienes acusa de atribuirse y explotar derechos autorales, editoriales y de artista destacado sobre sus composiciones musicales sin contar con su autorización.
La acción judicial fue dirigida contra José Altagracia Montaño Valdez, Roberto Ferrante y Anna Rinauro, así como contra varias sociedades comerciales vinculadas a ambas compañías discográficas.
El proceso fue instrumentado por el abogado Wagner Rodríguez Mancebo y depositado ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, a través de la Unidad de Propiedad Intelectual y Delitos Especiales.
De acuerdo con la documentación presentada por la representación legal del artista, existirían registros de más de 100 obras musicales de Omega en importantes sociedades internacionales de gestión colectiva, sin que supuestamente se haya producido una cesión válida de los derechos editoriales correspondientes.
Más de 300 registros de composiciones en sociedades internacionales
Uno de los principales argumentos de la querella está relacionado con las inscripciones de canciones del intérprete dominicano en diferentes organizaciones internacionales encargadas de gestionar derechos musicales.
Los documentos incorporados al expediente identifican 82 obras registradas bajo Canciones Allegro Music en BMI; 47 en GEMA; 19 en SACEM; 67 en SGAE; 100 en SIAE y 22 en SOCAN.
La representación legal de Omega sostiene que estos registros atribuyen derechos editoriales sobre sus composiciones a entidades que nunca habrían recibido una autorización contractual válida para administrarlas.
Según el abogado Wagner Rodríguez, el caso requiere investigar quién realizó las inscripciones internacionales, cuáles documentos fueron utilizados para acreditar la titularidad de las obras y quiénes han recibido los beneficios económicos generados por su explotación.
Un contrato discográfico que no habría transferido los derechos editoriales
Otro elemento fundamental de la acción judicial es un contrato exclusivo de grabación de fonogramas y composiciones firmado en 2005 entre Omega El Fuerte y Allegro Productions, C. por A.
El acuerdo contemplaba la entrega de cinco producciones musicales, obligación que, según la representación del artista, fue cumplida por el intérprete.
Sin embargo, sus abogados sostienen que el documento no contiene una cesión expresa de los derechos editoriales o publishing, ni establece facultades para que la compañía pudiera administrar las composiciones musicales de Omega.
Posteriormente, Allegro Productions habría presentado un contrato editorial denominado Montaño Publishing Inc., que, según la querella, nunca fue firmado por el artista.
La diferencia entre los derechos relacionados con las grabaciones musicales y aquellos correspondientes a la composición constituye uno de los puntos centrales del conflicto judicial.
Señalan atribuciones en plataformas digitales
La documentación también incluye registros identificados en Spotify, YouTube Music y Amazon Music, donde Roberto Ferrante aparecería vinculado como artista principal, autor y/o intérprete de varias canciones del repertorio de Omega.
Entre las composiciones señaladas figuran «Estrellita de Madrugada», «Pegao / Me Miró y la Miré», «Si Te Vas / Qué Tengo Que Hacer» y «Tú Me Quieres».
La representación legal considera que estas atribuciones afectan los derechos de autor, composición e interpretación de Antonio Peter de la Rosa y solicita que se investigue cómo fueron incorporadas esas informaciones a las plataformas digitales.
Directivos y empresas señalados en la querella
La acción penal identifica como imputados a José Altagracia Montaño Valdez, Roberto Ferrante y Anna Rinauro.
Asimismo, incluye como terceros civilmente responsables a las sociedades Canciones Allegro Music, Allegro Music Group, LLC, Allegro Productions, Nuovi Media & Comunicazione SRL, Planet Records y Planet Group SRL.
El abogado Wagner Rodríguez manifestó que el proceso representa una acción en defensa del patrimonio intelectual del artista dominicano y del respeto a los contratos que regulan la industria musical.
El jurista explicó que la firma de un contrato discográfico no significa que una compañía adquiera automáticamente todos los derechos sobre las composiciones de un intérprete, debido a que los derechos sobre los fonogramas y los derechos editoriales tienen naturalezas jurídicas diferentes.
También sostuvo que será necesario establecer quiénes realizaron los registros, qué documentación utilizaron y cuáles beneficios económicos se generaron mediante la explotación de las obras.
Omega reclama indemnización de US$5 millones
En su constitución en actor civil, el artista reclama una indemnización de cinco millones de dólares estadounidenses (US$5,000,000), o su equivalente en pesos dominicanos, por los daños y perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que alega haber sufrido.
Además, solicita la devolución de los ingresos, ganancias y beneficios económicos derivados de la explotación de sus composiciones musicales.
Entre las diligencias investigativas solicitadas al Ministerio Público figuran requerimientos de información a las sociedades internacionales de gestión colectiva y a las plataformas digitales, con el propósito de identificar los registros efectuados, determinar los ingresos generados y establecer quiénes recibieron los pagos correspondientes.
La representación del artista también pide que se realice una investigación sobre la trazabilidad financiera de las personas y sociedades involucradas.
La querella está fundamentada, entre otras disposiciones legales, en la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y las disposiciones del Código Penal relativas a las infracciones denunciadas.
El proceso abre un nuevo capítulo en la disputa entre Omega El Fuerte y las empresas vinculadas a la administración y explotación comercial de su catálogo musical, mientras el Ministerio Público deberá investigar los hechos denunciados y determinar si existen responsabilidades penales y civiles.



