Santo Domingo, República Dominicana. – El Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (ONPECO) hizo un llamado a las autoridades dominicanas para que adopten medidas destinadas a proteger la producción nacional de arroz, al advertir que una dependencia excesiva de las importaciones podría comprometer la seguridad alimentaria del país ante eventuales crisis internacionales.
La organización considera que el debate sobre la apertura comercial del cereal no debe limitarse a la eliminación de aranceles, sino que también debe abordar la capacidad de República Dominicana para garantizar el abastecimiento de alimentos a su población.
ONPECO explicó que la condición insular del país representa una vulnerabilidad ante posibles interrupciones del transporte marítimo y aéreo, especialmente en situaciones de conflictos internacionales, emergencias sanitarias o fenómenos naturales.
En ese sentido, advirtió que depender principalmente del suministro extranjero podría colocar a las familias dominicanas en una situación de incertidumbre si las rutas comerciales se vieran afectadas.
La entidad sostuvo que preservar la capacidad de producir alimentos constituye una necesidad estratégica y no solamente una decisión económica relacionada con los precios de los productos importados.
De acuerdo con las cifras del Ministerio de Agricultura citadas por ONPECO, la producción nacional de arroz superó los 14 millones de quintales en 2024 y se aproximó a los 14.8 millones en 2025, resultados que, a juicio de la organización, demuestran la capacidad productiva del sector agrícola dominicano.
El observatorio señaló que estos avances deben ser fortalecidos mediante políticas públicas que permitan mantener la competitividad de los agricultores y garantizar la continuidad de las actividades productivas.
También recordó que las crisis internacionales de cereales registradas en 2008 y 2011 evidenciaron la importancia de contar con una producción agrícola nacional capaz de reducir la dependencia de los mercados externos.
La organización reconoció que el escenario comercial actual era previsible, debido a que el calendario de desgravación arancelaria establecido en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA) contemplaba que el arroz alcanzara un arancel de cero en 2025.
Por esa razón, consideró que las autoridades debieron preparar con suficiente anticipación políticas destinadas a mejorar la competitividad y sostenibilidad de los productores nacionales.
ONPECO aclaró que los compromisos internacionales asumidos por República Dominicana deben cumplirse responsablemente, pero sostuvo que esa obligación debe acompañarse de estrategias para preservar la seguridad alimentaria y proteger a los consumidores.
La entidad entiende que el Gobierno debe explicar de manera clara cómo garantizará que la apertura comercial no provoque un debilitamiento de una actividad agrícola fundamental para la economía rural y la alimentación de los dominicanos.
El planteamiento surge en medio de las preocupaciones expresadas por organizaciones agropecuarias tras la derogación del Decreto 693-24, que establecía medidas arancelarias para determinadas importaciones de arroz.
La disposición fue dejada sin efecto mediante el Decreto 635-26, emitido el 9 de septiembre de 2026, como parte de los cambios relacionados con las condiciones comerciales del cereal.
Representantes del sector productivo han advertido que la entrada de arroz importado en condiciones de mayor competencia podría afectar la rentabilidad de los agricultores, especialmente de los pequeños y medianos productores.
Por su parte, el Gobierno dominicano ha asegurado que continuará respaldando la producción nacional mediante programas de financiamiento, asistencia técnica, mecanización y mejoras en la productividad.
Las autoridades también han expresado su intención de mantener conversaciones comerciales con Estados Unidos para abordar las condiciones que afectan al sector arrocero.
Para ONPECO, la discusión debe encontrar un equilibrio entre los intereses de los consumidores, que necesitan acceder a alimentos a precios razonables, y la preservación de una producción nacional capaz de responder a las necesidades del país.
La organización insistió en que la seguridad alimentaria requiere planificación a largo plazo y políticas que reduzcan los riesgos asociados con una dependencia excesiva de las importaciones.
El llamado se suma a las posiciones de diferentes entidades del sector agropecuario que reclaman reglas claras, respaldo institucional y medidas sostenibles para enfrentar los desafíos derivados de la apertura comercial.
Mientras continúa el debate sobre las importaciones de arroz, ONPECO reiteró la necesidad de que el Estado establezca una política transparente que permita cumplir los acuerdos internacionales sin comprometer la producción agrícola nacional ni el abastecimiento de alimentos de la población dominicana.
