El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) advirtió que varias iniciativas legislativas impulsadas por el Gobierno podrían representar un riesgo para la libertad de expresión y la libertad de prensa, al tiempo que pidió revisar disposiciones del nuevo Código Penal y de la Ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Santo Domingo, República Dominicana. – El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) manifestó su preocupación por diversas iniciativas legislativas en discusión, al considerar que podrían afectar el ejercicio de la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho ciudadano a la denuncia de irregularidades.
En un documento público, la organización política opositora señaló que disposiciones contenidas en el nuevo Código Penal, la Ley 1-26 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales podrían generar un clima de autocensura e incertidumbre incompatible con los principios constitucionales.
El PLD expresó especial preocupación por los artículos del nuevo Código Penal relacionados con la difamación, la injuria y el denominado “ultraje a funcionarios”, al entender que estas figuras jurídicas podrían ser utilizadas para limitar el periodismo de investigación, restringir la crítica a funcionarios públicos y desincentivar las denuncias de interés público.
Asimismo, la organización cuestionó aspectos de la Ley 1-26 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, señalando que algunas de sus disposiciones podrían afectar garantías constitucionales vinculadas a la libertad de expresión, la protección de fuentes periodísticas y el secreto profesional.
Como parte de sus propuestas, el PLD sugirió que cualquier revisión del proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales sea discutida previamente en el Consejo Económico y Social (CES), con la participación de periodistas, académicos, juristas, medios de comunicación y representantes de la sociedad civil.
De igual forma, planteó que antes de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, prevista para el próximo 3 de agosto, se introduzcan modificaciones a las disposiciones relacionadas con difamación, injuria y “ultraje a funcionarios”, a fin de adecuarlas a los principios constitucionales y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, eliminando la posibilidad de sanciones penales privativas de libertad por expresiones amparadas en la libertad de expresión.
El partido también propuso revisar aspectos de la Ley 1-26, especialmente en lo relativo a la definición de “intereses nacionales” y “objetivos nacionales”, así como fortalecer los mecanismos de supervisión institucional y las garantías para la protección de fuentes periodísticas.
Finalmente, el PLD llamó a la ciudadanía a mantenerse vigilante ante lo que considera posibles retrocesos en materia de derechos fundamentales, reiterando su defensa de la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la fiscalización del poder público.
