Santo Domingo, República Dominicana. – El Senado de la República aprobó este miércoles 21 de octubre de 2026, con carácter de urgencia y en dos sesiones consecutivas, un proyecto de ley que busca ampliar a dos años el plazo para la entrada en vigor de las disposiciones del nuevo Código Penal relacionadas con la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
La iniciativa establece que los artículos 8, 9, 10 y 11 del Código Penal dominicano comenzarían a aplicarse el 5 de noviembre de 2028, en lugar del 5 de noviembre de 2026, como estaba previsto anteriormente.
El proyecto fue presentado por el senador de la provincia La Altagracia, Rafael Barón Duluc, conocido como Cholitín, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien también preside la Comisión de Justicia del Senado.
La propuesta tiene como finalidad conceder un período adicional para que las empresas, cooperativas, asociaciones sin fines de lucro y otras organizaciones puedan adecuarse a las nuevas obligaciones contempladas en la legislación penal.
De acuerdo con los argumentos presentados, la implementación de estas disposiciones requiere tiempo suficiente para desarrollar mecanismos internos de prevención, capacitación y cumplimiento normativo.
La iniciativa presta especial atención a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a las organizaciones que disponen de recursos técnicos y económicos limitados para realizar los ajustes necesarios.
El proyecto plantea que la entrada en vigor de estas normas debe desarrollarse de manera organizada, garantizando que tanto las entidades alcanzadas por la legislación como las instituciones del sistema judicial dispongan de las herramientas necesarias para su aplicación.
La modificación propuesta afecta específicamente el artículo 31 de la Ley 44-26, promulgada el 27 de julio de 2026, que había introducido cambios en la Ley 74-25, mediante la cual se instituyó el nuevo Código Penal de la República Dominicana.
La legislación vigente establecía un período de tres meses, contado desde el 5 de agosto de 2026, para la aplicación de las disposiciones relacionadas con la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Con la nueva propuesta, ese plazo se extendería hasta noviembre de 2028, lo que permitiría un período de adaptación considerablemente mayor.
Durante el conocimiento de la iniciativa, el senador Rafael Barón Duluc presentó un informe favorable de la Comisión de Justicia y solicitó su inclusión en los trabajos legislativos de la sesión.
El texto también contempla que, durante el período de transición, el Estado promueva la capacitación de los operadores del sistema de justicia y facilite orientaciones claras a las entidades que deberán cumplir con las nuevas disposiciones.
Estas acciones tendrían como objetivo contribuir a una aplicación efectiva del régimen de responsabilidad penal empresarial, respetando las competencias de las instituciones involucradas.
Es importante precisar que el proyecto no busca aplazar la totalidad del Código Penal dominicano, sino únicamente la aplicación de los cuatro artículos relacionados con la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Las demás disposiciones del Código Penal no quedarían afectadas por esta modificación.
El nuevo marco penal, aprobado después de varias décadas de debates legislativos, introdujo cambios importantes en la regulación de distintas conductas delictivas y en las responsabilidades establecidas por la legislación dominicana.
La inclusión de normas dirigidas a las personas jurídicas representa uno de los aspectos que requieren preparación institucional y organizativa para su implementación.
En ese sentido, el proyecto aprobado por el Senado procura establecer un período durante el cual las entidades puedan conocer sus obligaciones y adoptar las medidas necesarias para cumplir con la normativa.
Tras recibir la aprobación de la Cámara Alta, la iniciativa pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde deberá ser conocida y sometida al procedimiento legislativo correspondiente.
Por tanto, la extensión del plazo todavía no constituye una modificación legal definitiva, ya que requiere completar el proceso de aprobación y promulgación.
De convertirse en ley, las empresas y demás organizaciones comprendidas en el régimen dispondrían hasta el 5 de noviembre de 2028 para adecuarse a los artículos señalados.
La decisión del Senado abre una nueva etapa de discusión legislativa sobre los tiempos necesarios para implementar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en un proceso que busca armonizar las exigencias del nuevo Código Penal con la capacidad de adaptación de las entidades y del sistema judicial dominicano.
