La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió sobre señales que requieren atención en el ejercicio del periodismo en la República Dominicana, un país donde, en términos generales, se mantiene un ambiente favorable para las libertades de prensa y de expresión.
La organización también destacó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la permanencia de información periodística en plataformas digitales, luego de rechazar en septiembre pasado un recurso que buscaba eliminar publicaciones realizadas en 2019 por Diario Libre y Google LLC sobre una persona investigada en el contexto de la red de narcotráfico atribuida a César Emilio Peralta, conocido como César el Abusador.
El Tribunal consideró que la información provenía de fuentes oficiales, era de interés público y no se había demostrado que fuera falsa. También valoró que las publicaciones informaban sobre una investigación y no presentaban al reclamante como culpable.
La SIP resaltó que esta decisión resulta particularmente relevante para mantener un equilibrio entre la libertad de prensa, la protección de datos personales y el denominado derecho al olvido.
En los informes por país presentados durante la 82.ª Asamblea General de la SIP, que concluye este domingo en Bogotá, Colombia, el organismo señaló que las posibles restricciones al ejercicio periodístico están relacionadas con el acceso de los periodistas a las fuentes públicas, la relación con agentes estatales, el marco jurídico de la libertad de expresión y el deterioro progresivo del ecosistema informativo digital.
El documento recopiló varios episodios de agresiones y restricciones durante coberturas periodísticas. Entre ellos figura el caso de Junior Marte, corresponsal de RNN en Santiago, quien el 15 de mayo fue empujado por un agente penitenciario.
Asimismo, se mencionó el incidente ocurrido a finales de julio, cuando Gregorio del Rosario, periodista y abogado de Puerto Plata, fue agredido y despojado de su teléfono, presuntamente por particulares, mientras grababa incidentes en el Palacio de Justicia de esa provincia.
Acceso a la información
Otro aspecto que genera preocupación es la reducción de los espacios de contacto directo entre el presidente Luis Abinader y los medios de comunicación, tras la eliminación de La Semanal, mecanismo que permitía una interacción regular del mandatario con los periodistas.
Esta situación ha despertado inquietudes sobre el acceso de los profesionales de la comunicación a las fuentes oficiales y a la información pública.
La SIP también manifestó preocupación por determinadas disposiciones del Código Penal relacionadas con la expresión pública, debido a sus posibles efectos restrictivos sobre la investigación periodística, las denuncias de asuntos de interés público y las críticas dirigidas a funcionarios y otras personas con responsabilidades públicas.
Desafíos del ecosistema informativo digital
A estos desafíos se suma el deterioro del ecosistema informativo digital. La desinformación, el contenido sensacionalista y las publicaciones deliberadamente lesivas han ganado presencia en la conversación pública y, en determinados espacios digitales, compiten por la atención y el alcance con contenidos elaborados bajo estándares profesionales de verificación.
En ese sentido, la organización señaló que, aunque la expansión de plataformas, canales y cuentas digitales ha contribuido a ampliar el pluralismo informativo, también ha facilitado que algunos espacios utilicen una apariencia periodística para difamar, intimidar, presionar o incluso chantajear a ciudadanos, empresarios, funcionarios y otras personas.
La SIP planteó así la importancia de prestar atención a las condiciones en que se desarrolla el ejercicio periodístico, al acceso a la información pública y a los desafíos que enfrenta el entorno digital, sin perder de vista la protección de la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada.
