Santo Domingo, República Dominicana.— El exdiputado y dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Vinicio Castillo Semán, consideró que uno de los principales desafíos de la nueva composición de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) será agilizar los procesos judiciales relacionados con casos de corrupción administrativa y lograr que concluyan con sentencias definitivas.
Castillo valoró positivamente la integración del máximo tribunal y señaló que el nuevo presidente de la Suprema Corte, Justiniano Montero, junto a los demás magistrados, tiene la responsabilidad de contribuir a recuperar la confianza de la población en el sistema judicial dominicano.
El dirigente político sostuvo que durante los últimos 30 años numerosos procesos por presunta corrupción administrativa han generado grandes expectativas públicas, pero, según su valoración, no han terminado en condenas definitivas contra funcionarios o figuras políticas involucradas.
«El Ministerio Público somete los casos, se estremece la opinión pública en diferentes coyunturas, se ordena prisión preventiva contra exfuncionarios y, con el paso del tiempo, una vez obtienen la libertad bajo fianza, se eternizan los procesos y terminan en impunidad judicial», expresó.
Cuestiona la prolongación de los procesos judiciales
Castillo Semán afirmó que la duración de los expedientes y la ausencia de sanciones judiciales definitivas han provocado frustración y desconfianza entre los ciudadanos.
A su juicio, esta situación ha debilitado la percepción de que el Poder Judicial puede ofrecer respuestas efectivas cuando se trata de investigaciones por corrupción administrativa que involucran a funcionarios públicos y dirigentes políticos.
El exlegislador consideró que la nueva dirección de la Suprema Corte debe prestar especial atención a estos casos y contribuir a que los procesos avancen hasta alcanzar decisiones judiciales definitivas, respetando las garantías del debido proceso.
Advierte sobre el impacto de la impunidad
El dirigente de la FNP también advirtió que la falta de consecuencias judiciales definitivas puede convertirse en un incentivo para que estas prácticas se repitan en las distintas administraciones gubernamentales.
«Sin sentencias condenatorias a funcionarios públicos en materia de corrupción administrativa, la impunidad judicial se constituye en el mayor estímulo para que esa práctica se repita en cada gobierno», manifestó.
Finalmente, Castillo Semán insistió en que el fortalecimiento de la credibilidad institucional dependerá, en buena medida, de que los procesos judiciales por corrupción no permanezcan indefinidamente en los tribunales y puedan concluir con decisiones firmes.
Sus declaraciones colocan la lucha contra la impunidad y la agilización de los expedientes de corrupción entre los temas de atención pública ante el inicio de la nueva etapa de la Suprema Corte de Justicia.
