Madrid.– El Tribunal Supremo de España rechazó este martes la demanda presentada por el cantante Julio Iglesias contra la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, por una supuesta intromisión ilegítima en su derecho al honor y a la intimidad personal.
La decisión fue adoptada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que acordó no admitir a trámite la acción al considerar que no es el órgano competente para conocer el caso. Según explicó el tribunal, este tipo de reclamaciones debe ser examinado por las secciones civiles de los tribunales ordinarios de instancia.
La demanda presentada por los abogados del artista estaba relacionada con varias declaraciones públicas realizadas por Yolanda Díaz a comienzos de este año, después de conocerse las denuncias formuladas por dos antiguas trabajadoras de Julio Iglesias.
Las manifestaciones cuestionadas fueron realizadas tanto en la red social Bluesky como durante una intervención de Díaz en el programa televisivo “La Hora de la 1”, de RTVE.
Declaraciones de Yolanda Díaz originaron la demanda
Las declaraciones se produjeron después de que dos exempleadas del cantante denunciaran presuntos hechos relacionados con abuso sexual y explotación laboral durante el tiempo en que trabajaron en propiedades vinculadas al artista.
Díaz calificó públicamente de graves los testimonios difundidos y expresó su respaldo a las mujeres que habían realizado las denuncias, así como a las periodistas que participaron en la investigación periodística.
Durante su intervención en televisión, la dirigente política también expresó preocupación por las condiciones descritas por las denunciantes y vinculó los testimonios con cuestiones relacionadas con derechos laborales y situaciones de vulnerabilidad de las mujeres.
Los abogados de Julio Iglesias consideraron que esas afirmaciones afectaban la imagen, el honor y la presunción de inocencia del cantante, por lo que acudieron directamente ante el Tribunal Supremo debido a la condición de aforada de Yolanda Díaz como miembro del Gobierno español.
Supremo concluye que Díaz no hablaba en ejercicio de su cargo
El punto central de la decisión judicial estuvo precisamente relacionado con esa condición.
La legislación española establece que el Tribunal Supremo puede conocer demandas de responsabilidad civil dirigidas contra integrantes del Gobierno cuando los hechos cuestionados hayan ocurrido en el ejercicio de sus funciones oficiales.
Sin embargo, la Sala de lo Civil determinó que las manifestaciones de Yolanda Díaz no tenían una relación suficientemente directa con sus responsabilidades institucionales como vicepresidenta segunda o ministra de Trabajo.
En el caso de la publicación realizada en Bluesky, el tribunal interpretó que Díaz actuó principalmente como ciudadana y dirigente política.
Respecto a su intervención televisiva, los magistrados consideraron que sus declaraciones se produjeron fundamentalmente desde su condición de dirigente política vinculada a Sumar y desde su posición en el movimiento feminista, y no como una actuación propia de sus responsabilidades ministeriales.
Esa distinción resultó determinante para que el Supremo concluyera que no tiene competencia directa para resolver el litigio.
Rechazo no entra al fondo de la disputa
La decisión del Tribunal Supremo no supone que los magistrados hayan determinado si las declaraciones de Yolanda Díaz vulneraron o no el honor de Julio Iglesias.
El tribunal se limitó a decidir que no es la instancia judicial competente para estudiar la reclamación.
Esto significa que la controversia podría eventualmente ser llevada ante los tribunales civiles ordinarios correspondientes, donde sí podría analizarse el fondo del conflicto y determinarse si las declaraciones constituyeron o no una intromisión ilegítima en los derechos del cantante.
Iglesias pedía retractación e indemnización
En su demanda, Julio Iglesias solicitaba que se declarara que las manifestaciones de Yolanda Díaz habían vulnerado su derecho al honor.
También reclamaba una retractación pública, el pago de una indemnización y la imposición de las costas judiciales derivadas del procedimiento.
La inadmisión acordada por el Supremo impide que esas solicitudes sean examinadas dentro de esta vía concreta.
El origen del conflicto judicial
El enfrentamiento se originó después de que dos antiguas trabajadoras de Julio Iglesias denunciaran al artista por presuntos delitos relacionados con trata de seres humanos con fines de trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual, lesiones y vulneraciones de derechos laborales.
Los supuestos hechos habrían ocurrido durante el tiempo en que ambas mujeres trabajaron en propiedades del cantante en República Dominicana y Bahamas.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional española decidió posteriormente archivar la denuncia inicial al considerar que los tribunales de España carecían de jurisdicción y competencia para investigar unos hechos presuntamente cometidos en otros países.
Julio Iglesias ha negado las acusaciones formuladas contra él.
Exempleadas presentaron una nueva querella
El archivo de la primera denuncia no puso fin al caso.
El pasado 3 de septiembre de 2026, las dos exempleadas presentaron una nueva querella ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia español para intentar que los hechos sean nuevamente investigados.
Las mujeres han sido identificadas públicamente mediante los nombres ficticios de Rebeca y Laura para proteger su identidad.
Según la organización Women’s Link, que las representa, ambas sostienen haber sufrido agresiones sexuales, acoso y condiciones laborales abusivas mientras trabajaban y residían en propiedades vinculadas al cantante.
La nueva acción judicial plantea que el artista habría aprovechado una posición de poder y la situación de vulnerabilidad de las trabajadoras.
Ahora corresponde al tribunal analizar la documentación presentada y determinar si existen bases legales suficientes para abrir una nueva investigación.
Denunciantes también acudieron a Naciones Unidas
La controversia adquirió además una dimensión internacional durante septiembre.
Women’s Link presentó una comunicación urgente ante seis mecanismos especiales de Naciones Unidas, solicitando su intervención y alegando preocupación por posibles represalias contra las denunciantes.
La organización explicó que esa gestión ante la ONU fue realizada después de la nueva querella presentada ante la justicia española.
Caso también tiene vínculos con República Dominicana
Parte de los hechos denunciados habría ocurrido en una propiedad de Julio Iglesias ubicada en Punta Cana, República Dominicana.
Uno de los elementos que ha generado debate jurídico es precisamente determinar qué país tendría jurisdicción para investigar las acusaciones.
Juristas dominicanos consultados anteriormente han planteado que República Dominicana podría tener competencia debido a que algunos de los hechos habrían ocurrido en territorio dominicano, una de las denunciantes es dominicana y el artista también posee nacionalidad dominicana.
No obstante, esa posibilidad dependería de que se produzcan las actuaciones judiciales correspondientes dentro del sistema dominicano.
El proceso contra Yolanda Díaz queda fuera del Supremo
La decisión de este martes únicamente afecta la demanda civil presentada por Iglesias contra Yolanda Díaz.
El Tribunal Supremo no se pronunció sobre las acusaciones formuladas por las exempleadas ni sobre la responsabilidad penal del cantante.
Tampoco decidió si las declaraciones de la vicepresidenta vulneraron efectivamente sus derechos.
La Sala Civil estableció únicamente que, por no haber sido realizadas las manifestaciones en el ejercicio directo de las funciones gubernamentales de Díaz, la reclamación debe tramitarse ante otra instancia judicial si la defensa de Julio Iglesias decide continuar el procedimiento.
De esta manera, el caso suma un nuevo episodio judicial mientras continúan abiertos otros procedimientos vinculados a las denuncias de las antiguas trabajadoras y permanece pendiente la decisión sobre si esas acusaciones volverán a ser investigadas formalmente por la justicia española.
