Santo Domingo, República Dominicana. – La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) reveló que aproximadamente el 65 % de las personas privadas de libertad en República Dominicana permanece bajo prisión preventiva, mientras el sistema penitenciario continúa enfrentando graves problemas de hacinamiento, deficiencias sanitarias y limitaciones en los servicios básicos.
Los datos están contenidos en el Informe sobre las Condiciones de Detención y Prisión 2025, presentado por la institución en el Auditorio de la Suprema Corte de Justicia, donde se expusieron los principales desafíos que enfrenta el sistema carcelario dominicano.
De acuerdo con el documento, al cierre de 2025 la población penitenciaria ascendía a 23,270 personas, de las cuales 15,025 permanecían en prisión preventiva, equivalente al 64.57 % del total.
La cifra evidencia que una proporción considerable de los internos todavía no cuenta con una sentencia condenatoria definitiva, situación que genera preocupación entre los representantes de la Defensa Pública.
Durante la presentación, el director de la institución, Rodolfo Valentín Santos, advirtió sobre la utilización recurrente de esta medida cautelar y sus consecuencias para el funcionamiento de los centros penitenciarios.
El funcionario sostuvo que la prisión preventiva debe conservar su naturaleza excepcional y no convertirse en una práctica habitual dentro del sistema judicial.
El informe también señala que la población penitenciaria está compuesta mayoritariamente por hombres. Según los registros, 22,563 internos pertenecen al sexo masculino, equivalente al 96.96 %, mientras que 707 son mujeres, para un 3.04 %.
La institución explicó que estas diferencias requieren políticas de atención adaptadas a las necesidades de cada población, especialmente en el caso de las mujeres y los adolescentes en conflicto con la ley penal.
Otro de los principales hallazgos está relacionado con la sobrepoblación de las cárceles.
El sistema penitenciario dominicano dispone de una capacidad instalada para 16,357 personas, pero alberga a 23,270 internos, lo que representa un excedente de 6,913 reclusos.
Esta situación coloca la ocupación de los centros en un 142.26 % de su capacidad, es decir, un 42.26 % por encima del número de personas que las instalaciones están diseñadas para recibir.
El documento advierte que el hacinamiento repercute directamente en las condiciones de vida de los internos y dificulta la prestación adecuada de servicios de alimentación, salud, higiene y seguridad.
Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Comisión de Cárceles, explicó que numerosos privados de libertad se ven obligados a dormir en el suelo, en pasillos, debajo de camarotes y en estructuras improvisadas conocidas como goletas.
Estas condiciones fueron identificadas durante las evaluaciones realizadas por la Defensa Pública en distintos establecimientos penitenciarios del territorio nacional.
El levantamiento examinó 45 centros de reclusión, de los cuales 24 presentaban sobrepoblación, mientras que los otros 21 funcionaban dentro de su capacidad instalada.
Entre los casos documentados figura la fortaleza La Concepción, en La Vega, que albergaba 1,909 internos en instalaciones diseñadas para 730 personas.
En ese establecimiento, 1,666 privados de libertad permanecían bajo prisión preventiva, según los datos recopilados por los evaluadores.
También se identificaron condiciones difíciles en centros penitenciarios de Montecristi, Nagua y San Juan de la Maguana, donde algunos reclusos utilizan espacios inadecuados para descansar debido a la falta de camas y áreas disponibles.
En la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Santiago, los inspectores encontraron problemas de humedad, deterioro estructural, insalubridad y presencia de plagas.
El informe advierte que estas condiciones representan riesgos para la salud y el bienestar de las personas detenidas.
Las deficiencias en la atención médica constituyen otro de los aspectos señalados por la Oficina Nacional de Defensa Pública.
En determinados centros se reportó falta de medicamentos esenciales, personal sanitario, equipos médicos y espacios apropiados para atender enfermedades y emergencias.
La institución también identificó limitaciones en los servicios de salud mental, incluyendo establecimientos con escaso personal de psicología y dificultades para garantizar consultas psiquiátricas periódicas.
A estas situaciones se suman problemas relacionados con la alimentación y la disponibilidad de vehículos para trasladar a los internos a audiencias judiciales o centros hospitalarios.
La escasez de transporte puede provocar retrasos en diligencias judiciales y consultas médicas, especialmente en establecimientos que albergan a cientos de personas.
Pese a estas dificultades, la Defensa Pública reconoció avances en el proceso de reforma penitenciaria impulsado por las autoridades dominicanas.
Entre ellos destacó el cierre técnico progresivo de la Penitenciaría Nacional de La Victoria y el traslado gradual de internos al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
También valoró la construcción y adecuación de nuevos establecimientos penitenciarios y las iniciativas destinadas a mejorar las oportunidades de educación y capacitación de las personas privadas de libertad.
Los programas de formación académica, técnica y laboral han permitido ampliar las posibilidades de rehabilitación en determinados centros, mediante la colaboración de instituciones educativas y organismos especializados.
Asimismo, el informe resalta las gestiones encaminadas a construir un nuevo centro para adolescentes en conflicto con la ley penal en la provincia La Vega.
Sin embargo, la institución considera que estos avances todavía no se reflejan de manera uniforme en todos los establecimientos del país.
Rodolfo Valentín Santos insistió en la necesidad de fortalecer las políticas públicas destinadas a reducir el hacinamiento, mejorar las condiciones de detención y garantizar el respeto a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
El director de la ONDP también llamó a revisar la aplicación de la prisión preventiva, con el propósito de asegurar que esta medida sea utilizada conforme a los principios establecidos en el ordenamiento jurídico.
La Defensa Pública sostiene que la transformación del sistema penitenciario requiere no solamente nuevas infraestructuras, sino también una gestión que garantice servicios adecuados, mecanismos de supervisión y condiciones compatibles con la dignidad humana.
El informe plantea la necesidad de continuar desarrollando la reforma penitenciaria y fortalecer la coordinación entre las instituciones responsables de la administración de justicia y los centros de reclusión.
Con casi dos terceras partes de la población penitenciaria bajo prisión preventiva y una ocupación superior a la capacidad disponible, la situación carcelaria permanece como uno de los principales desafíos del sistema judicial dominicano.
La Oficina Nacional de Defensa Pública reiteró que el objetivo del documento es contribuir a la identificación de soluciones que permitan mejorar las condiciones de reclusión, garantizar los derechos de los internos y avanzar hacia un sistema penitenciario más eficiente y respetuoso de la dignidad humana.
