Leah Campos destaca acciones de República Dominicana contra irregularidades comerciales y respalda cierre de fábrica
SANTO DOMINGO.– La embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, valoró las acciones emprendidas por el Gobierno dominicano para enfrentar las irregularidades comerciales y fortalecer el cumplimiento de las regulaciones que rigen las actividades empresariales en el país.
A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la diplomática manifestó su preocupación por los efectos que pueden generar la corrupción y la aplicación desigual de las normas comerciales, al considerar que estas prácticas crean condiciones de competencia desiguales para las empresas que operan conforme a las disposiciones legales y afectan los ingresos del Estado.
Campos señaló que tanto el Gobierno dominicano como representantes del sector privado han expresado inquietud por estas situaciones, debido a sus posibles consecuencias sobre el comercio legítimo y el desarrollo de las actividades económicas.
«Estados Unidos comparte estas preocupaciones cuando se ven afectadas las empresas y los inversionistas estadounidenses», expresó la representante diplomática.
Destaca cierre de fábrica de cartón en San Antonio de Guerra
Como ejemplo de las medidas adoptadas por las autoridades dominicanas, la embajadora destacó el reciente cierre de una fábrica de cartón que, según indicó, operaba de manera inadecuada.
Se trata de la empresa Cartesa, ubicada en el municipio de San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo, clausurada durante un operativo realizado el pasado 29 de octubre por distintas instituciones del Estado.
Durante la intervención, las autoridades detectaron presuntas irregularidades relacionadas con los permisos de operación, el uso de suelo y el almacenamiento de combustible, entre otras situaciones.
En el operativo participaron representantes del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), la Dirección General de Migración y el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED).
Entre los hallazgos se reportó la ocupación de un tanque con capacidad para 5,000 litros y aproximadamente 1,000 galones de gasoil, cuyo valor fue estimado en RD$2.25 millones.
Las autoridades también dispusieron la paralización de las obras por incumplimientos de las disposiciones legales correspondientes.
Campos destaca relación entre República Dominicana y Estados Unidos
La diplomática también se refirió a la cooperación entre República Dominicana y Estados Unidos en materia de comercio y seguridad, destacando que ambos países mantienen una relación de colaboración a pesar de ser naciones soberanas.
En ese contexto, sostuvo que las medidas dirigidas a fortalecer el comercio legítimo y enfrentar las actividades ilícitas representan esfuerzos que pueden beneficiar a ambas naciones.
«Todos podemos celebrar las medidas que adopta cada nación para reforzar la seguridad de nuestra región y fortalecer el comercio legítimo, al tiempo que combate el tráfico ilícito que perjudica la seguridad y la prosperidad de nuestros respectivos países», manifestó.
Declaraciones se producen en medio de diferencias diplomáticas
Las declaraciones de Campos se producen en un contexto de diferencias entre las representaciones diplomáticas de Estados Unidos y China en torno al cierre de la fábrica Cartesa y la aplicación de las leyes dominicanas a empresas de capital extranjero.
La Embajada de China en República Dominicana rechazó previamente las declaraciones de funcionarios estadounidenses que respaldaron la clausura del establecimiento, al considerar que estas podían contribuir a estigmatizar a las empresas chinas y generar tensiones en las relaciones de cooperación.
La representación diplomática china también defendió la soberanía dominicana y sostuvo que la aplicación de las leyes dentro del territorio nacional constituye un asunto interno del país.
En medio de estas posiciones, Campos reiteró la importancia de la cooperación bilateral para fortalecer la seguridad regional, garantizar condiciones de competencia comercial y combatir el tráfico ilícito.
Su pronunciamiento coloca nuevamente en el debate la aplicación de las regulaciones a las empresas extranjeras que operan en República Dominicana y la importancia de garantizar que todos los establecimientos comerciales cumplan con las mismas disposiciones legales.
