Santo Domingo.– El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) hizo un llamado al presidente Luis Abinader y a la Policía Nacional para que se detengan las muertes registradas en los llamados intercambios de disparos durante actuaciones policiales y reclamó que las intervenciones de los organismos de seguridad se desarrollen dentro del marco establecido por la Constitución y las leyes.
La entidad planteó que la persecución del delito constituye una responsabilidad del Estado, pero sostuvo que esa obligación debe ejercerse respetando el derecho a la vida, la dignidad humana y las garantías fundamentales establecidas en el ordenamiento jurídico dominicano.
Instituto reclama un “alto al fuego”
El IDDP utilizó la expresión “alto al fuego” para referirse a las muertes ocurridas durante enfrentamientos entre agentes policiales y personas perseguidas por las autoridades.
La organización sostuvo que una orden de arresto, un antecedente penal o una acusación no constituyen una condena, por lo que las personas señaladas por las autoridades deben ser detenidas, investigadas y presentadas ante los tribunales para que se determine su responsabilidad conforme al debido proceso.
El planteamiento se produce en medio del debate nacional sobre el uso de la fuerza durante las operaciones policiales y las circunstancias en las que algunas personas buscadas por la justicia terminan falleciendo durante intervenciones de agentes.
Citan más de 142 muertes durante el primer semestre
Como parte de sus argumentos, el Instituto citó cifras oficiales según las cuales 142 personas murieron durante el primer semestre de 2026 en hechos registrados bajo la categoría de “acción legal”, cifra que representa un aumento de 16.4 % respecto al mismo período de 2025, cuando se contabilizaron 122 casos.
La entidad utilizó estos datos para advertir sobre el incremento de fallecimientos registrados durante actuaciones de organismos de seguridad y reclamar una revisión de los mecanismos utilizados para enfrentar a personas perseguidas por distintos delitos.
Piden investigaciones independientes
El Instituto Dominicano de Derecho Penal también planteó que las muertes ocurridas durante intervenciones policiales sean sometidas a investigaciones independientes, imparciales y objetivas, con el propósito de establecer las circunstancias concretas de cada caso.
La organización considera que estas investigaciones deben determinar si el uso de la fuerza se produjo dentro de los parámetros establecidos por la legislación y si existieron circunstancias que justificaran las actuaciones de los agentes.
Reivindican el papel del Estado frente al crimen
El pronunciamiento no desconoce, según la entidad, la responsabilidad de las autoridades de combatir la delincuencia. El IDDP sostuvo que enfrentar el crimen es una obligación del Estado, pero señaló que esa responsabilidad debe coexistir con el deber de proteger la vida y la dignidad de todas las personas.
En ese sentido, planteó la necesidad de fortalecer las investigaciones criminales, el desarme y las políticas de prevención del delito como herramientas para enfrentar la criminalidad sin convertir una acusación o una orden de arresto en una condena anticipada.
Debate sobre seguridad y derechos fundamentales
El planteamiento del Instituto se produce mientras las autoridades dominicanas mantienen operativos para localizar a personas requeridas por la justicia y combatir distintos hechos delictivos.
El debate enfrenta dos obligaciones que forman parte de la función estatal: perseguir los delitos y garantizar que las actuaciones de los organismos de seguridad respeten las normas constitucionales y legales.
El IDDP llamó a que ese equilibrio se mantenga mediante procedimientos que permitan investigar y someter a los sospechosos ante los tribunales, al tiempo que se establezcan responsabilidades cuando una actuación policial derive en una muerte.
La entidad insistió en que la lucha contra la delincuencia debe desarrollarse dentro del Estado Social y Democrático de Derecho, con respeto a las garantías fundamentales y mecanismos de control sobre las actuaciones de los organismos encargados de la seguridad ciudadana.
