sábado, 15 agosto, 2026

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Mujer irá a prisión por engañar a maestros con supuestas influencias en Educación

Barahona. – Una mujer fue condenada a tres años de prisión luego de ser encontrada culpable de estafar a varios maestros que participaron en el concurso de oposición del año 2023, a quienes prometía gestionar sus nombramientos en el sistema educativo a cambio de dinero.

La condenada, Ana Minerva Terrero Sánchez, deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Baní, provincia Peravia, según la decisión judicial.

Además de la pena de prisión, la mujer deberá pagar RD$500,000 de indemnización a una de las víctimas y devolver otros RD$880,000 que fueron entregados durante el esquema de estafa.

Prometía influencias para conseguir nombramientos

De acuerdo con las investigaciones, Terrero Sánchez aprovechó su condición de empleada de una institución pública para hacer creer a los afectados que tenía contactos e influencia dentro del Ministerio de Educación y el Distrito Educativo de Barahona.

La mujer ofrecía supuestamente ayudar a los participantes del concurso y a familiares de estos a mejorar sus calificaciones y conseguir un nombramiento en el sistema educativo de la provincia.

Sin embargo, las promesas no se concretaron.

Una de las víctimas explicó en su denuncia que ni ella ni sus familiares lograron superar las pruebas correspondientes ni obtener los puestos prometidos, por lo que posteriormente reclamaron la devolución del dinero entregado.

Denuncia dio paso a la investigación

El caso fue denunciado formalmente el 31 de octubre de 2023, dando paso a las investigaciones que posteriormente permitieron llevar a la acusada ante la justicia.

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Durante el proceso judicial se estableció la responsabilidad de Terrero Sánchez en los hechos por los que fue procesada, relacionados con el cobro de dinero mediante falsas promesas de conseguir nombramientos.

La sentencia establece tanto la pena de prisión como las obligaciones económicas a favor de la víctima.

Con esta decisión, las autoridades buscan sancionar un esquema que afectó a personas que aspiraban a ingresar al sistema educativo mediante el concurso de oposición y que fueron inducidas a entregar dinero bajo la promesa de recibir beneficios laborales que finalmente no obtuvieron.

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