LA PAZ, Bolivia.– El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó este viernes una reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público que establece un mecanismo para la suspensión definitiva del fiscal general cuando este se encuentre formalmente imputado o sometido a una medida cautelar personal por delitos sancionados con pena de prisión.
La modificación se produce en medio de la situación que atraviesa el actual fiscal general, Roger Mariaca, quien fue detenido y es investigado por las autoridades bolivianas por presuntos vínculos con una estructura dedicada a la protección del narcotráfico. Las acusaciones deberán ser determinadas dentro del proceso judicial correspondiente.
¿Qué establece la nueva ley?
La reforma modifica el artículo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público e incorpora la figura de la “suspensión definitiva” del fiscal general cuando se cumplan las condiciones establecidas en la norma.
El mecanismo contempla que la Asamblea Legislativa pueda aprobar la suspensión con el voto favorable de dos tercios de los parlamentarios presentes en la sesión.
La misma instancia podrá designar a una autoridad interina que permanecerá en el cargo hasta que el Legislativo designe a un nuevo fiscal general.
La reforma ya fue aprobada por el Legislativo
La modificación legal había sido aprobada previamente de manera separada por el Senado y la Cámara de Diputados.
Tras su promulgación por el presidente Paz, está previsto que la Asamblea Legislativa vuelva a sesionar para abordar específicamente la situación de Roger Mariaca.
Detención del fiscal general
Roger Mariaca fue detenido el miércoles, después de que el Gobierno boliviano lo señalara como presunto líder de una organización criminal que habría brindado protección al denominado narcoterrorismo.
Las acusaciones forman parte de una investigación en curso y deberán ser examinadas por las autoridades judiciales.
Según la información difundida por De Último Minuto, junto a Mariaca hay al menos otras 13 personas detenidas, entre ellas tres fiscales.
El fiscal general y otros tres acusados, señalados por presuntos delitos relacionados con tráfico de sustancias controladas y organización criminal, tienen previsto comparecer ante un juez cautelar para que se determine su situación jurídica.
Paz defiende las investigaciones
Durante el acto de promulgación, Rodrigo Paz sostuvo que las investigaciones que desembocaron en las detenciones son resultado de un trabajo desarrollado durante un período prolongado.
El mandatario afirmó que las acciones no surgieron únicamente a partir de acontecimientos recientes, sino de un proceso de investigación que, según sus palabras, fue desarrollado de manera “silenciosa” y “minuciosa”.
Paz también vinculó las investigaciones con la decisión de su Gobierno de participar en el Escudo de las Américas, una iniciativa regional enfocada en la cooperación contra el crimen organizado.
Gobierno plantea una reforma de la Justicia
El presidente boliviano también sostuvo que el país necesita reconstruir sus instituciones judiciales y cuestionó la posibilidad de que operadores vinculados al crimen organizado intenten ejercer influencia sobre organismos del Estado.
Según Paz, las instituciones públicas deben responder a la ciudadanía y no a estructuras ilícitas nacionales o internacionales.
La promulgación de la reforma se produce, por tanto, en un momento de alta atención sobre el funcionamiento del Ministerio Público y las investigaciones contra funcionarios y otras personas señaladas por presuntos vínculos con organizaciones criminales.
Respaldo internacional al Gobierno boliviano
Tras la detención de Mariaca, el Departamento de Estado de Estados Unidos y los países que forman parte de la coalición del Escudo de las Américas expresaron respaldo al Gobierno de Paz y pidieron que continúen las investigaciones relacionadas con las supuestas redes de protección al narcotráfico.
La situación de Mariaca será ahora examinada bajo el nuevo mecanismo legal promulgado por el Ejecutivo, mientras avanzan las investigaciones y el proceso judicial.
La reforma abre así un procedimiento específico para determinar si el fiscal general puede ser suspendido definitivamente y quién asumiría de manera interina la dirección del Ministerio Público hasta la designación de un nuevo titular.
