Puerto Príncipe.– El Gobierno de Haití valoró de manera positiva la decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de extender hasta el 31 de marzo de 2027 el mandato de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), desplegada en el país para apoyar los esfuerzos destinados a contener la expansión de los grupos armados y recuperar el control de zonas afectadas por la violencia.
La resolución fue aprobada este martes por el Consejo de Seguridad con 12 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones, correspondientes a China, Rusia y Pakistán. La medida amplía por seis meses la autorización de la fuerza internacional y mantiene el respaldo logístico y operativo de Naciones Unidas a través de la Oficina de Apoyo de la ONU en Haití (UNSOH).
La Presidencia haitiana calificó la decisión como un paso relevante dentro de los esfuerzos para recuperar la seguridad y fortalecer la capacidad del Estado frente a las organizaciones criminales que operan en diferentes puntos del territorio.
La extensión del mandato ocurre después de la participación del primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde pidió a la comunidad internacional mantener el respaldo a la fuerza y acelerar su despliegue operativo. El jefe de Gobierno también ha insistido en que la asistencia internacional debe servir como complemento al fortalecimiento de las instituciones nacionales y no como sustituto de las capacidades propias del Estado haitiano.
Como parte de ese esfuerzo interno, las autoridades haitianas han informado que más de 2,000 agentes policiales han recibido formación reciente, mientras continúa un programa dirigido a capacitar a 4,000 miembros de la Policía durante el año. A esto se suma la incorporación de nuevos efectivos a las Fuerzas Armadas, dentro de los planes oficiales para ampliar progresivamente su capacidad operativa.
El Gobierno sostuvo que la renovación del mandato constituye también un resultado de las gestiones diplomáticas desarrolladas por las autoridades haitianas durante las últimas semanas, especialmente ante Naciones Unidas y otros organismos internacionales.
La Fuerza de Supresión de Pandillas fue creada en septiembre de 2025 para sustituir a la anterior Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), que había sido encabezada por Kenia y enfrentó dificultades para completar su despliegue y alcanzar los objetivos previstos. La nueva estructura fue diseñada con una capacidad proyectada de alrededor de 5,500 efectivos, además de personal civil de apoyo.
Sin embargo, el despliegue todavía permanece por debajo de esa meta. De acuerdo con informaciones presentadas durante las discusiones en Naciones Unidas, actualmente se encuentran sobre el terreno aproximadamente 1,500 efectivos, mientras se espera la llegada de miles de integrantes adicionales en los próximos meses.
Durante la sesión del Consejo de Seguridad, el embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, defendió la continuidad de la misión y señaló la necesidad de avanzar hacia un despliegue más amplio y efectivo para enfrentar a los grupos armados y respaldar a las instituciones de seguridad haitianas.
La resolución también mantiene el apoyo de Naciones Unidas mediante la UNSOH, encargada de proporcionar respaldo logístico y operativo tanto a la fuerza internacional como, en determinadas operaciones conjuntas, a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas haitianas.
La renovación ocurre en medio de una grave crisis de seguridad en Haití, donde las pandillas mantienen una fuerte presencia en Puerto Príncipe y han extendido sus operaciones hacia otras regiones del país. Los grupos armados están vinculados a asesinatos, secuestros, extorsiones, desplazamientos forzados y ataques contra comunidades e instalaciones públicas.
En los últimos meses también se han registrado nuevos episodios de violencia. Reuters informó que el mismo día de la renovación del mandato al menos 11 civiles murieron durante un ataque atribuido a grupos armados, mientras que semanas antes una incursión en la localidad de Kenscoff, cerca de la capital, dejó decenas de fallecidos y personas secuestradas.
La crisis ha provocado además un fuerte incremento de los desplazamientos internos. Datos recientes de organismos de Naciones Unidas sitúan en cerca de 1.5 millones el número de personas que han tenido que abandonar sus hogares como consecuencia de la violencia, con una expansión del fenómeno hacia zonas ubicadas fuera de Puerto Príncipe.
El deterioro de la seguridad representa igualmente uno de los principales desafíos para el proceso político y electoral haitiano. Las autoridades han planteado la necesidad de recuperar condiciones mínimas de estabilidad para avanzar hacia elecciones nacionales y el restablecimiento pleno de las instituciones democráticas.
De acuerdo con informaciones divulgadas tras la votación del Consejo de Seguridad, Haití tiene previsto celebrar elecciones el 13 de diciembre de 2026, mientras los resultados finales están programados para marzo de 2027, aunque el cumplimiento del calendario continúa estrechamente vinculado a la evolución de la situación de seguridad.
El Gobierno haitiano reiteró que continuará reforzando la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y las demás instituciones estatales, con el propósito de que el país pueda asumir progresivamente una mayor responsabilidad sobre su propia seguridad.
La administración de Fils-Aimé también ha reclamado mayor cooperación internacional para enfrentar el tráfico ilícito de armas y municiones que abastece a las organizaciones criminales. En intervenciones recientes ante Naciones Unidas, las autoridades haitianas han señalado que la recuperación de la estabilidad requiere combinar el despliegue de la fuerza internacional con el fortalecimiento institucional y el combate a las redes transnacionales que facilitan las operaciones de las pandillas.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) también había solicitado días antes al Consejo de Seguridad renovar el mandato y pidió a la comunidad internacional aportar personal, financiamiento, equipos y apoyo logístico suficiente para lograr el despliegue completo de la GSF.
Con la extensión hasta marzo de 2027, la fuerza internacional contará con seis meses adicionales para ampliar su presencia y apoyar a las autoridades haitianas en sus operaciones contra los grupos armados. No obstante, continúan pendientes desafíos relacionados con el financiamiento, la llegada de nuevos efectivos y la capacidad de la misión para recuperar territorios controlados por las pandillas.
El Gobierno haitiano insistió en que la recuperación de la seguridad seguirá siendo una de sus principales prioridades y reafirmó su intención de fortalecer las instituciones nacionales para que, a largo plazo, sea el propio Estado el que pueda garantizar el orden y ejercer plenamente su autoridad sobre todo el territorio.
