Ciudad de México. – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este jueves 8 de octubre de 2026 que su Gobierno inició investigaciones para determinar si presuntos integrantes de organizaciones del narcotráfico mexicano participan en la guerra entre Rusia y Ucrania, luego de la difusión de videos en redes sociales en los que aparecen hombres vestidos con uniformes militares haciendo referencias al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a una facción del Cártel de Sinaloa.
La mandataria explicó que el caso fue presentado ante el Gabinete de Seguridad y que las autoridades trabajan para establecer la autenticidad de las grabaciones, identificar a las personas que aparecen en ellas y determinar las circunstancias en que habrían llegado al territorio ucraniano.
Durante su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, Sheinbaum señaló que todavía no existen elementos suficientes para confirmar que los individuos observados en las imágenes pertenezcan efectivamente a organizaciones criminales mexicanas o que estén participando en operaciones militares.
La controversia surgió después de que comenzara a circular un video en el que se observa a varios hombres equipados con vestimenta militar, aparentemente en una zona boscosa, mientras conversan en español y hacen referencias a grupos delictivos de México.
Entre las expresiones mencionadas figuran alusiones al CJNG y a La Chapiza, nombre con el que se identifica a una facción del Cártel de Sinaloa.
En las imágenes también se escuchan referencias a México, Colombia y Panamá, lo que ha generado interrogantes sobre la posible presencia de ciudadanos latinoamericanos en unidades que participan en el conflicto europeo.
Sin embargo, las autoridades mexicanas han evitado presentar las grabaciones como prueba concluyente de la participación de narcotraficantes en la guerra.
Sheinbaum insistió en que el primer paso de las investigaciones consiste en verificar si el material audiovisual es auténtico y si corresponde realmente a hechos ocurridos en Ucrania.
Posteriormente, los organismos de seguridad deberán determinar quiénes son los individuos que aparecen en los videos, cuál es su nacionalidad y si mantienen vínculos comprobables con organizaciones criminales.
Otro aspecto que las autoridades buscan esclarecer es la manera en que estas personas habrían sido incorporadas al conflicto armado.
La presidenta explicó que existen diferentes mecanismos mediante los cuales ciudadanos extranjeros pueden ser reclutados para participar en guerras, incluyendo la contratación por empresas privadas o la incorporación a determinadas estructuras militares.
Por esa razón, consideró necesario establecer si los hombres que aparecen en las grabaciones fueron reclutados por intermediarios particulares o por alguna organización vinculada con fuerzas armadas extranjeras.
La mandataria también aclaró que, hasta el momento, su Gobierno no ha solicitado información oficial a las autoridades de Ucrania sobre la identidad o situación de los presuntos combatientes mexicanos.
No obstante, señaló que la Secretaría de Relaciones Exteriores podría establecer contacto con el Gobierno ucraniano si el avance de las investigaciones hace necesaria una consulta diplomática.
La posible presencia de integrantes de organizaciones criminales mexicanas en el conflicto ha despertado preocupación debido a las consecuencias que podría tener el acceso de estas personas a entrenamiento militar especializado, particularmente en el manejo de armamento moderno y sistemas aéreos no tripulados.
La guerra entre Rusia y Ucrania, iniciada con la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022, se ha caracterizado por el uso intensivo de drones para reconocimiento, vigilancia y ataques contra posiciones militares.
El empleo de estas tecnologías ha transformado diversos aspectos de las operaciones en el campo de batalla y ha incrementado la importancia de los conocimientos técnicos relacionados con su fabricación, adaptación y utilización.
En ese contexto, reportes internacionales anteriores han advertido sobre el interés de determinadas organizaciones criminales en incorporar personas con experiencia militar adquirida durante el conflicto europeo.
En septiembre de 2026, el periódico estadounidense The Washington Post publicó información, basada en declaraciones de funcionarios de Estados Unidos y México, sobre presuntos esfuerzos de grupos del narcotráfico mexicano para reclutar a ciudadanos colombianos con experiencia de combate en Ucrania.
Según esos reportes, uno de los objetivos atribuidos a dichas organizaciones sería aprovechar los conocimientos de esos excombatientes sobre el uso de drones.
Estas informaciones han generado inquietud porque los sistemas aéreos no tripulados también han sido utilizados por organizaciones criminales en diferentes escenarios de violencia, especialmente para labores de vigilancia y ataques.
Sin embargo, los antecedentes sobre posibles reclutamientos no permiten confirmar por sí mismos que integrantes del CJNG o del Cártel de Sinaloa estén combatiendo actualmente en Ucrania.
La investigación anunciada por Sheinbaum busca precisamente determinar si existe una relación real entre las personas que aparecen en las grabaciones y los grupos criminales mencionados.
La presidenta también fue consultada sobre las posibles motivaciones de los individuos que habrían viajado a territorio ucraniano.
En su respuesta, planteó que podría tratarse de personas reclutadas para participar en el conflicto, aunque aclaró que todavía no se conoce quién habría organizado esos desplazamientos ni con qué objetivos.
El caso adquiere relevancia por la presencia de combatientes extranjeros en ambos lados de la guerra, un fenómeno que ha sido documentado desde las primeras etapas de la invasión rusa.
Ciudadanos de diferentes países se han incorporado a estructuras militares o han sido captados mediante mecanismos de reclutamiento, en ocasiones a través de intermediarios privados.
En América Latina, la participación de personas con experiencia militar en conflictos internacionales ha provocado debates sobre las condiciones de contratación, los riesgos para los reclutados y las consecuencias de su eventual regreso a sus países de origen.
En particular, se han conocido antecedentes relacionados con ciudadanos colombianos que viajaron para participar en operaciones militares en el extranjero.
También han surgido informaciones sobre ciudadanos cubanos vinculados con procesos de reclutamiento para la guerra.
Estos antecedentes reflejan la dimensión internacional del conflicto, aunque las circunstancias de cada caso son diferentes y no deben confundirse con una participación comprobada de organizaciones del narcotráfico.
Durante 2025 también circularon reportes sobre presuntos intentos de miembros de cárteles mexicanos de incorporarse a unidades de voluntarios extranjeros que combaten del lado ucraniano.
Según esas versiones, el supuesto propósito era adquirir conocimientos militares que posteriormente pudieran ser utilizados fuera del escenario bélico.
No obstante, las autoridades mexicanas no han confirmado que las personas mostradas en los videos difundidos esta semana correspondan a los individuos mencionados en aquellos reportes.
La difusión de las grabaciones también plantea interrogantes sobre la utilización de símbolos, nombres y referencias a organizaciones criminales en contenidos publicados en internet.
El hecho de que una persona mencione a un cártel o utilice expresiones asociadas con determinado grupo no demuestra necesariamente que forme parte de esa estructura.
Por ello, la identificación de los presuntos combatientes y la verificación de sus posibles antecedentes resultan fundamentales para determinar el alcance real de la situación.
El Gobierno mexicano deberá establecer, además, si las imágenes fueron grabadas recientemente y si corresponden efectivamente a una zona de operaciones en Ucrania.
La investigación podría incluir la revisión de información disponible sobre viajes, procesos de reclutamiento y eventuales conexiones entre los individuos identificados y organizaciones delictivas.
Por el momento, las autoridades no han anunciado detenciones relacionadas con este caso ni han divulgado una lista de personas investigadas.
Tampoco se ha confirmado la existencia de una estructura organizada mediante la cual los cárteles mexicanos estén enviando integrantes a participar directamente en el conflicto.
La presidenta Sheinbaum ha mantenido una posición de cautela frente a las versiones difundidas en redes sociales y ha insistido en que cualquier conclusión deberá sustentarse en información verificable.
Su Gobierno busca establecer primero si las grabaciones corresponden a hechos reales y, posteriormente, esclarecer las circunstancias en que los individuos habrían llegado a la guerra.
El caso se produce en medio de una creciente preocupación internacional por la posible transferencia de conocimientos militares desde escenarios de guerra hacia organizaciones dedicadas al crimen organizado.
La utilización de drones y otras tecnologías en conflictos armados ha despertado el interés de autoridades de seguridad de distintos países, debido a los riesgos asociados con su empleo por actores no estatales.
En México, donde las organizaciones del narcotráfico mantienen presencia en diferentes regiones, la posibilidad de que personas vinculadas con esos grupos reciban entrenamiento en una guerra internacional constituye un asunto de interés para los organismos encargados de combatir la delincuencia organizada.
Sin embargo, las autoridades todavía deben comprobar si ese escenario guarda relación directa con las personas que aparecen en las grabaciones investigadas.
La presidenta mexicana reiteró que, si resulta necesario, la Secretaría de Relaciones Exteriores podrá intervenir para obtener información adicional mediante los canales diplomáticos correspondientes.
Mientras avanzan las investigaciones, el Gobierno no ha confirmado la participación de integrantes del CJNG, de La Chapiza ni de otras organizaciones criminales mexicanas en operaciones militares desarrolladas en Ucrania.
La controversia permanece abierta y su esclarecimiento dependerá de la autenticidad de los videos, la identificación de los involucrados y la determinación de los mecanismos mediante los cuales habrían sido reclutados.
El anuncio de Claudia Sheinbaum coloca bajo investigación una posible conexión entre organizaciones del narcotráfico mexicano y el conflicto armado europeo, sin que hasta ahora existan conclusiones oficiales que permitan establecer la participación efectiva de esos grupos en la guerra.
